Seis municipios quedaron por fuera de los convenios interadministrativos que suscribió el Gobernador Cristian Moreno Panezo por inversión de 177 mil millones de pesos durante la vigencia fiscal 2009, denuncia que formalizó la Asamblea del Cesar, hecho que precipitó una indagación preliminar que ya avocó el Gerente de la Contraloría General, Hernán Uhía Acuña, ofició al Zar Anticorrupción, pidió un control excepcional y la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Tras ser excluidos de este reparto los municipios de Valledupar, Manaure, Pueblo Bello, El Paso, Astrea y La Jagua de Ibirico, los Diputados con apoyo de los organismos de control intentan determinar si con la firma de estos convenios se quebrantó o no la Ley de Garantías Electorales y si hubo constreñimiento al elector en la desaforada carrera por favorecer a unos amigos y amarrar a 19 alcaldes con fines electorales.
El sesgo a la Ley 80 en la firma de 1.100 convenios y la concentración de la inversión en los alcaldes, fueron denuncias que afloraron en el recinto de la Corporación, escenario en el que también se cuestionó al Gobierno del Cesar por haber comprometido a nombre de una firma particular 800 millones de pesos en un contrato con el mismo objeto social del Ministerio de Minas y Corpocesar para hacerle seguimiento al monitoreo ambiental de la zona de explotación carbonífera.
El Diputado Camilo Lacouture Akerman cuestionó lo que llamó falta de equidad en la inversión social con recursos que en mayor proporción provienen de las regalías del carbón.
Tomado: http://www.radioguatapuri.com
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