La Ruta del Sol por la región

Una obra Prepago

Por: Óscar H. Pallares R.

En 2006 el gobierno nacional quiso hundir el acelerador para construir una red de once dobles calzadas que les permita a los empresarios conectarse con los puertos de manera competitiva. El ser Colombia el país más atrasado en infraestructura vial de Latinoamérica puso al Gobierno en una carrera contrarreloj para construir y o adecuar los más de 5.000 kilómetros entre el interior del país y las zonas portuarias de que consta el proyecto. Con la aprobación del CONPES 3413 del 6 de marzo de 2006 se aseguraron 3,5 billones para que el Estado aporte recursos para la iniciación de los proyectos.

Los corredores que se convertirán en dobles calzadas son: Zona Metropolitana de Bucaramanga; Girardot-Ibagué; Córdoba-Sucre; Barranquilla-Cartagena; Ruta del Sol 1: Bogotá-El Cortijo-Villeta; Ruta del Sol 1-B: Villeta-Honda-Mariquita-La Dorada-Puerto Salgar-San Alberto; Ruta del Sol 2: Santa Marta-Ye de Ciénaga-Bosconia-La Loma-San Alberto.

También están los trayectos Valle de Aburrá-Puerto Berrío; Primavera-Sabaneta; Área Metropolitana de Cúcuta y Villapinzón-Tunja-Tibasosa.

El paso de la ruta del sol por Aguachica en hora buena ha empezado a generar desasosiego entre sus habitantes. Y está bien que así sea por las implicaciones que conllevará su paso por acá para la vida de los aguachiquenses. Algunos las estudian desde el punto de vista del comercio hotelero; otros desde la perspectiva ambiental; los demás desde el aislamiento de la ciudad; también existen quienes creen que no traerá problemas; no se quedan atrás los que la ven con la lupa económica o la conveniencia personal; en fin. La discusión empezó y ojalá la llevemos hasta las últimas consecuencias, pero ya, hasta el punto de que podamos incidir en la definición de los diseños. No esperar hasta septiembre a que vengan a decirnos “este es el trazado” y lo aceptemos como un hecho cumplido. Ejemplos existen de pueblos (Chinchiná, Caldas) que se han impuesto y han logrado que los intereses de sus localidades se tengan en cuenta.

No es poca cosa lo que está en juego. No se había anunciado la obra y ya estaba afectándonos los bolsillos. Empezamos a pagarla sin que hayan echado una sola palada de asfalto. Es una obra prepago a través de la instalación anticipada del consabido PEAJE. En Pelaya ya ubicaron uno nuevo. ¿Cuántos más van a ubicar entre San Alberto y Santa Marta?

Veamos este aspecto de los muchos que debemos considerar.

Los peajes constituyen un gravamen indirecto, es decir, regresivo por definición, porque golpea con la misma fuerza al pobre que al poderoso y porque entraba el derecho a la libre movilización. Este aspecto es muy importante; tanto lo es como para que La Revolución Francesa lo incluyera entre una de sus conquistas, por ejemplo, y explica el por qué en los países democráticos no puede imponérsele peaje a una vía si no existe otra que la reemplace y que sea de libre tránsito. En Colombia esta vía alterna la ofrecen los dueños de las fincas vecinas al puesto del Peaje, pero también cobran, menos que el autorizado, pero cobran.

Pero los peajes pueden censurarse por otras razones.

Muy de acuerdo con la naturaleza leonina de estos contratos, el gobierno “garantiza” los recaudos que les supusieron a los peajes en el cierre financiero del negocio, lo que significa que si los vehículos calculados no pasan, entonces, el Estado, es decir, nosotros, de su bolsillo, del nuestro, paga, pagamos, el faltante. Por exabruptos como estos en otras concesiones viales, el Estado ha reconocido por “peajes garantizados” cientos de millones de pesos en años anteriores. “Es el típico negocio de la era neoliberal”, dice Óscar Gutiérrez, Diputado de Caldas, “en la que el Estado les asegura a ciertos monopolistas que no tendrán pérdidas. ¿Qué se diría si el Estado decidiera pagar de sus recursos las menores ventas que tuviera un comerciante al que no le llegaran los compradores que supuso cuando instaló su negocio?”

La existencia del altísimo costo del Peaje y la cantidad de los mismos, vamos a quedar encerrados, (Mórrinson, Pelaya, ¿próximo entre Aguachica y Ocaña?) es de gran significado por cuanto impedirá a la larga la libre movilización de los aguachiquenses; la movilización restringida producirá de hecho, atraso cultural, económico y social y el ensanchamiento de la brecha entre los que puedan pagar la movilización y contacto con otras culturas y los que definitivamente tengan que quedarse confinados a un territorio aislado, melancólico y en lenta agonía.

Quedan en el tintero aspectos que debemos conquistar de los concesionarios o del gobierno central tales como la construcción de puentes peatonales que unan las dos Aguachica que se van a formar (la oriental y la occidental desde la doble calzada); la preservación a todo costo de las fuentes de agua que garanticen la vida de los habitantes urbanos; impedir la población extensiva hacia los cerros orientales (si queremos ser viables como población debemos densificar la ciudad); conocer el impacto ambiental que producirá el rompimiento de los cerros orientales de pasar la ruta por su ladera occidental (¿se acabará de morir el Bosque el Agüil que ya empezamos a matar?.) …

Profundicemos la discusión y hagamos valer nuestros intereses ambientales, poblacionales, socio afectivos y de conveniencia general.

PRIMER RECREO: La Empresa de Servicios Públicos de Aguachica rompe las calles y las deja rotas, demostrando irresponsabilidad administrativa y produciendo detrimentos patrimoniales que pueden ser cobrados penal, disciplinaria, administrativa y pecuniariamente.

Dice la Ley 610 de 2002 al respecto: “Artículo 6º. Detrimento patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.”

SEGUNDO RECREO: Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que las denuncias sobre detrimento del patrimonio se ventilen a través de los medios de comunicación y que no suceda nada. Más desafortunado aún el hecho de que las Personerías municipales, que son la autoridad que tienen la responsabilidad de investigar el desempeño de los funcionarios públicos estén completamente desvirtuadas.

ohpallares@hotmail.com