de Becerril
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| (Foto: Richard Dangond/Vanguardia) |
Luego de comparecer durante tres notificaciones, la Procuraduría Provincial de Valledupar dictó el fallo que responsabilizó a los siete concejales de Becerril, Cesar, por conductas disciplinarias irregulares.
Los cobijados con la sanción que los aleja durante tres meses del ejercicio de cargos públicos son Franklin Cabarcas, Jorge Luis Flórez, Mildreth Guzmán, Juan Carlos Henríquez, José Luna, Emiro Torregosa y Jorge Vesga.
La medida se conoció en la sala de audiencias de la Procuraduría Provincial de Valledupar a las 10 de mañana, a la que asistieron seis de los concejales procesados y dos abogados de oficio, quienes apelaron ante la decisión del Procurador.
Según las faltas en las que incurrieron fueron nombradas por parte del procurador Provincial de Valledupar, Javier Hernando Rojas Martínez, como negligentes con afectación al íntegro funcionamiento del deber y credibilidad ante el proceder público.
Los cargos
Los hechos por los que los concejales entraron a hacer parte del proceso luego de la decisión del Ministerio Público fue por no hacer buen uso de sus funciones y aprobar ‘desórdenes’ durante la sesión del 28 de febrero de 2010, en la cual dieron cabida a otras decisiones que no fueron notificadas en el acta, como fue la elección de la secretaria de la corporación.
El nombramiento no quedó registrado en el acta, y así fue aprobada por los concejales, presuntamente sin haber señalado de manera expresa la fecha y el motivo de la sesión con tres días de anticipación, como lo dictan el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 y el acuerdo 019 del 14 de agosto de 2008 del reglamento interno del mismo Concejo.
En su momento, las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Valledupar por el ciudadano Fernando Peralta Hernández, quien denunció que en noviembre de 2009 debió procederse a elegir al secretario de la Corporación y sólo se hizo hasta el 28 de febrero de 2010.
“Todo esto permitió que la señora Maira García Chinchilla, quien venía elegida como Secretaria desde el período 2009, actuara de manera irregular, ya que el período de Secretario no es prorrogable, ni automático ni indefinidamente”, y esta participó de las sesiones luego de terminar su periodo, reza el auto de la Procuraduría Provincial.
La medida se conoció en la sala de audiencias de la Procuraduría Provincial de Valledupar a las 10 de mañana, a la que asistieron seis de los concejales procesados y dos abogados de oficio, quienes apelaron ante la decisión del Procurador.
Según las faltas en las que incurrieron fueron nombradas por parte del procurador Provincial de Valledupar, Javier Hernando Rojas Martínez, como negligentes con afectación al íntegro funcionamiento del deber y credibilidad ante el proceder público.
Los cargos
Los hechos por los que los concejales entraron a hacer parte del proceso luego de la decisión del Ministerio Público fue por no hacer buen uso de sus funciones y aprobar ‘desórdenes’ durante la sesión del 28 de febrero de 2010, en la cual dieron cabida a otras decisiones que no fueron notificadas en el acta, como fue la elección de la secretaria de la corporación.
El nombramiento no quedó registrado en el acta, y así fue aprobada por los concejales, presuntamente sin haber señalado de manera expresa la fecha y el motivo de la sesión con tres días de anticipación, como lo dictan el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 y el acuerdo 019 del 14 de agosto de 2008 del reglamento interno del mismo Concejo.
En su momento, las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Valledupar por el ciudadano Fernando Peralta Hernández, quien denunció que en noviembre de 2009 debió procederse a elegir al secretario de la Corporación y sólo se hizo hasta el 28 de febrero de 2010.
“Todo esto permitió que la señora Maira García Chinchilla, quien venía elegida como Secretaria desde el período 2009, actuara de manera irregular, ya que el período de Secretario no es prorrogable, ni automático ni indefinidamente”, y esta participó de las sesiones luego de terminar su periodo, reza el auto de la Procuraduría Provincial.
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Adriana Palomo Molina/ VANGUARDIA
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