departamentales de agua
La ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, confirmó que a partir de la fecha se acaban en el país los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, que pasarán a manos de operadores especializados, es decir las empresas de servicios públicos.
Sin embargo, para el caso del departamento no hay claridad del futuro de la empresa Aguas del Cesar, entidad que ha tenido más problemas que beneficios para los municipios que se acogieron a esta iniciativa y que le cuesta al departamento millonarios recursos.
La decisión se tomó básicamente porque “se diseñaron estructuras muy complejas, que en algunos departamentos funcionaron y en otros no, en algunos yo diría que hubo un sobrepeso de burocracia y no tuvimos éxito o no se tuvo éxito en varios departamentos”.
Entre los fracasos de los Planes está el departamento del Cesar. A la empresa Aguas de Manizales, operadora inicial del proyecto, el gobierno seccional le giró 12 mil millones de pesos, sin que esta cumpliera con los diseños de las obras, lo que dio al traste con los plazos y avances del programa que sigue en pañales frente a la millonaria inversión.
Así nació
Con un capital aprobado de 100 millones de dólares arrancó el Plan Departamental de Agua en este territorio, en 2006 y con un plazo a 10 años. Ha pasado un lustro y muchas de las obras siguen sin terminarse, mientras los municipios siguen con los mismos padecimientos históricos de cobertura, frecuencia y calidad; y muchos alcanzaron a estar en emergencia sanitaria por las basuras que pulularon en las cabeceras a falta de un operador, componente éste que estaba incluido en el programa.
El Departamento del Cesar endeudó parte de sus regalías para apalancar un crédito por 42.5 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento, CAF. El proyecto estaba dividido en dos etapas, en la primera con un horizonte a tres años, es decir hasta 2009 por un valor de 70 millones de dólares que tenía como objeto asegurar la ejecución de las mayores infraestructuras en los municipios, fijando como meta coberturas superiores al 95% en acueducto, alcantarillado y aseo.
En la segunda fase, con una duración de siete años y por un valor de 30.7 millones de dólares destinados a la expansión de los sistemas y a la consolidación de los procesos de transformación y fortalecimiento empresarial. Esta etapa, financiada con recursos del departamento y los municipios.
Los objetivos del programa no eran más que mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en 24 municipios del Departamento del Cesar, apoyar al Departamento y a los municipios en la conformación y consolidación de entidades autónomas y eficientes, que garantizaran el mejoramiento permanente y sostenible de los servicios, aplicando la regulación de tarifas y buenas prácticas de gestión comercial; incentivar a los municipios para que mediante asignación de recursos departamentales, adoptaran políticas de racionalización y optimización de inversiones, canalizaran de manera ordenada los recursos provenientes de las transferencias y regalías, e introdujeran criterios de sostenibilidad, eficiencia y equidad en la gestión de sus activos.
El programa arrancó con 18 municipios: Astrea, Bosconia, Chimichagua, El Copey, El Paso, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Rio de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín y Tamalameque. No pertenecían Aguachica, Becerril, Codazzi, Curumaní, Chiriguaná y Manaure.
La falta de planeación llevó al traste a este proyecto que arrancó con tantos tropiezos y que conllevó a que incluso se realizaran obras en municipios como Aguachica que no estaba vinculado al Plan de Aguas. La Contraloría General de la Nación intervino y realizó una auditoría que arrojó 35 hallazgos administrativos, de los cuales presuntamente ocho con alcance disciplinario, tres con alcance fiscal, y dos con alcance penal, los cuales fueron trasladados a las autoridades competentes.
"Yo creo que lo que hay que hacer son unas estructuras más livianas, más descentralizadas y ágiles y lo más importante promover la participación del sector privado, no solamente en la construcción de la infraestructura sino en la operación de los sistemas porque el tema de agua potable y saneamiento básico en Colombia y en el mundo no es un problema de ingeniería ni de infraestructura, es un problema de saber operar un sistema de manera que sea sostenible, es decir es un tema empresarial y el énfasis que queremos hacer nosotros es en la entrada masiva de empresas prestadoras servicio especializadas en esa tarea que es básicamente poder proveer el servicio de una manera sostenible”, dijo la ministra. www.elpaisvallenato.com
Sin embargo, para el caso del departamento no hay claridad del futuro de la empresa Aguas del Cesar, entidad que ha tenido más problemas que beneficios para los municipios que se acogieron a esta iniciativa y que le cuesta al departamento millonarios recursos.
La decisión se tomó básicamente porque “se diseñaron estructuras muy complejas, que en algunos departamentos funcionaron y en otros no, en algunos yo diría que hubo un sobrepeso de burocracia y no tuvimos éxito o no se tuvo éxito en varios departamentos”.
Entre los fracasos de los Planes está el departamento del Cesar. A la empresa Aguas de Manizales, operadora inicial del proyecto, el gobierno seccional le giró 12 mil millones de pesos, sin que esta cumpliera con los diseños de las obras, lo que dio al traste con los plazos y avances del programa que sigue en pañales frente a la millonaria inversión.
Así nació
Con un capital aprobado de 100 millones de dólares arrancó el Plan Departamental de Agua en este territorio, en 2006 y con un plazo a 10 años. Ha pasado un lustro y muchas de las obras siguen sin terminarse, mientras los municipios siguen con los mismos padecimientos históricos de cobertura, frecuencia y calidad; y muchos alcanzaron a estar en emergencia sanitaria por las basuras que pulularon en las cabeceras a falta de un operador, componente éste que estaba incluido en el programa.
El Departamento del Cesar endeudó parte de sus regalías para apalancar un crédito por 42.5 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento, CAF. El proyecto estaba dividido en dos etapas, en la primera con un horizonte a tres años, es decir hasta 2009 por un valor de 70 millones de dólares que tenía como objeto asegurar la ejecución de las mayores infraestructuras en los municipios, fijando como meta coberturas superiores al 95% en acueducto, alcantarillado y aseo.
En la segunda fase, con una duración de siete años y por un valor de 30.7 millones de dólares destinados a la expansión de los sistemas y a la consolidación de los procesos de transformación y fortalecimiento empresarial. Esta etapa, financiada con recursos del departamento y los municipios.
Los objetivos del programa no eran más que mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en 24 municipios del Departamento del Cesar, apoyar al Departamento y a los municipios en la conformación y consolidación de entidades autónomas y eficientes, que garantizaran el mejoramiento permanente y sostenible de los servicios, aplicando la regulación de tarifas y buenas prácticas de gestión comercial; incentivar a los municipios para que mediante asignación de recursos departamentales, adoptaran políticas de racionalización y optimización de inversiones, canalizaran de manera ordenada los recursos provenientes de las transferencias y regalías, e introdujeran criterios de sostenibilidad, eficiencia y equidad en la gestión de sus activos.
El programa arrancó con 18 municipios: Astrea, Bosconia, Chimichagua, El Copey, El Paso, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Rio de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín y Tamalameque. No pertenecían Aguachica, Becerril, Codazzi, Curumaní, Chiriguaná y Manaure.
La falta de planeación llevó al traste a este proyecto que arrancó con tantos tropiezos y que conllevó a que incluso se realizaran obras en municipios como Aguachica que no estaba vinculado al Plan de Aguas. La Contraloría General de la Nación intervino y realizó una auditoría que arrojó 35 hallazgos administrativos, de los cuales presuntamente ocho con alcance disciplinario, tres con alcance fiscal, y dos con alcance penal, los cuales fueron trasladados a las autoridades competentes.
"Yo creo que lo que hay que hacer son unas estructuras más livianas, más descentralizadas y ágiles y lo más importante promover la participación del sector privado, no solamente en la construcción de la infraestructura sino en la operación de los sistemas porque el tema de agua potable y saneamiento básico en Colombia y en el mundo no es un problema de ingeniería ni de infraestructura, es un problema de saber operar un sistema de manera que sea sostenible, es decir es un tema empresarial y el énfasis que queremos hacer nosotros es en la entrada masiva de empresas prestadoras servicio especializadas en esa tarea que es básicamente poder proveer el servicio de una manera sostenible”, dijo la ministra. www.elpaisvallenato.com
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